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Necesidad de evaluación de impacto en los sistemas biométricos de autenticación

17 de Noviembre de 2026

Los resúmenes que se recogen a continuación no pueden ser considerados como la publicación oficial de un documento público.

El contenido oficial, completo y vinculante se publica en la sección Resoluciones.

La resolución íntegra a la que hace referencia este texto puede consultarse en este enlace

  • PS-00450-2024
     

Una entidad implantó un sistema digital para la actualización del censo de sus socios mediante un procedimiento de autenticación biométrica facial (SBRF) realizado a través de su APP o web. Las personas iniciaban sesión con su clave y contraseña, tomándose una fotografía selfie, y se realizaba un proceso de comparación 1:1 entre la referencia biométrica (vector facial) obtenida de la imagen del documento oficial de identidad y la obtenida de una fotografía captada en tiempo real. 

Durante el proceso de actualización, se ofrecía a los socios la posibilidad de consentir la creación y almacenamiento de una referencia biométrica de su voz (SBRVoz), para su posterior identificación en trámites telefónicos o compra de entradas.

La entidad ofrecía a sus socios la posibilidad de actualizar presencialmente el censo sin aportar la muestra digital, como alternativa al SBRD, ofreciéndoles también en dicho trámite la opción de consentir el uso del SBRVoz.

Objeto del procedimiento

En este caso concreto, la entidad llevó a cabo diversas actuaciones de análisis y cumplimiento de la normativa de protección de datos antes de que se habilitase el proceso para los socios. Entre otras medidas, realizó una valoración de riesgos, analizó la proporcionalidad del tratamiento, contó con la participación de su delegado/a de protección de datos, revisó la documentación técnica aportada por los proveedores implicados, incorporó el tratamiento a su registro de actividades y documentó distintas medidas técnicas y organizativas de protección de datos y seguridad de la información.

Entre dicha documentación, la entidad realizó dos “informes de valoración de riesgos y proporcionalidad del tratamiento de datos personales con sistemas de biometría”, en los que consideró que el tratamiento era necesario, idóneo y proporcional, y enumeró un listado de riesgos y medidas, considerando que el riesgo inherente era bajo, y que el riesgo residual era mínimo y quedaba compensado con las medidas impuestas, sin contener explicaciones detalladas de cómo se iba a proceder a dicha compensación. 

Con base en dichos informes, emitió un documento de conclusiones señalando que no era necesario elaborar una evaluación de impacto, por entender que:  “El tratamiento no está incluido en los artículos 35.1 y 2 RGPD, a pesar de que se tratan datos biométricos no pueden catalogarse de categoría especial, y porque no se llevan a cabo finalidades que entrañen riesgos, ya que a pesar de usarse nuevas tecnologías, dada la seguridad de estas, no se consideraba que el tratamiento entrañe riesgos para los socios, y que no se percibe por parte del responsable que la actividad principal del tratamiento implique un riesgo elevado”.

La cuestión planteada en el procedimiento no consistió en determinar si la entidad había omitido cualquier actuación previa de análisis o cumplimiento, sino en .determinar si dichas actuaciones previas se realizaron con el rigor exigido a un análisis de riesgos y de proporcionalidad, idoneidad y necesidad que exige el RGPD, y si permitían excluir válidamente la obligación de realizar una evaluación de impacto o si, atendiendo a las características concretas del tratamiento, ésta debía haberse llevado a cabo antes de iniciar el tratamiento.

Los análisis de riesgos como obligaciones independientes y complementarias de la Evaluación de Impacto 

La resolución recuerda que la responsabilidad proactiva exige que los responsables analicen previamente los riesgos asociados a los tratamientos que pretenden implantar y calculen cuál es el riesgo inherente global, y el residual tras adoptar las medidas necesarias para mitigarlos.

Pero ello no siempre excluye al responsable del deber de realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, posteriormente al análisis de riesgos, cuando según el artículo 35 del RGPD: “Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”. 

La resolución aclara que lo relevante es que del análisis de riesgos previos se deduzca que existe una probabilidad de alto riesgo, sin que sea necesario confirmar su concurrencia, pues no es posible comprobarlo hasta que no se inicia la ejecución material del tratamiento. 

Se incide en que los análisis de riesgos no son un mero documento ni una mera formalidad, y no pueden sustituir automáticamente a la evaluación de impacto, como alegaba la entidad. 

Si el responsable considera que no es necesario realizar la evaluación de impacto de un tratamiento, no basta con declararlo en las conclusiones de su análisis de riesgos, sino que de acuerdo con el principio de responsabilidad proactiva (art. 5.2 del RGPD) el responsable del tratamiento debe ser capaz no sólo de demostrar que no es necesaria la elaboración de la evaluación de impacto, sino también de aportar todas las explicaciones necesarias y la documentación justificativa que lo acredite. 

Por ello, si del análisis de riesgos se deduce que no es necesario realizar una evaluación de impacto, la decisión de no realizarla debe estar suficientemente justificada tanto documental como materialmente, y apoyarse en una valoración adecuada de las características reales del tratamiento.

Necesidad de evaluación de impacto en el sistema de autenticación biométrica enjuiciado 

En el supuesto examinado, la Agencia tuvo en cuenta las actuaciones previas de cumplimiento realizadas por la entidad para valorar su grado de diligencia y graduar la responsabilidad, pero consideró que no se habían realizado con los requisitos mínimos exigibles, ni eximían por sí solas de la obligación de realizar una evaluación de impacto, a la vista de las características que presentaba el tratamiento.

Por una parte, se señala que los análisis previos no justificaron adecuadamente la decisión de no evaluar el impacto del tratamiento, y adolecían de múltiples defectos de fondo y forma, por lo que no cumplían con los requisitos exigibles por el RGPD para realizar un adecuado análisis de riesgos y de proporcionalidad del tratamiento. 

Por otra parte, la resolución aclara una cuestión que se plantea a menudo por parte de los responsables que implantaron sistemas biométricos de autenticación antes de que las Directrices 5/22 del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) indicasen que éstos también trataban datos de categoría especial.

La resolución declara que cabe eximir en estos casos de la infracción que correspondería por no disponer, en su caso, de una excepción del artículo 9.2 del RGPD, que les habilite a tratar datos de categoría especial, respecto al periodo en que estuvo vigente dicho criterio anterior. Pero no de la responsabilidad que pudiera corresponder por haber incumplido el resto de sus obligaciones, como la de realizar y superar una evaluación de impacto, dado que la consideración de categoría especial no es el único criterio que determina que un tratamiento pueda entrañar alto riesgo. 

En este caso concreto, la Agencia concluye que (sin tener en consideración el tratamiento de datos de categoría especial) concurrían, al menos, otros 4 criterios/elementos de los que se podía deducir que el tratamiento podría entrañar alto riesgo: la toma de decisiones automatizadas, el tratamiento de datos a gran escala, el empleo de nuevas tecnologías con un uso innovador en la entidad, y el tratamiento de datos de sujetos vulnerables (datos de menores de 14 ),

Relevancia del criterio

La resolución pone así de manifiesto que la decisión sobre la necesidad de realizar una evaluación de impacto debe adoptarse a partir de una valoración concreta de las características del tratamiento y de los riesgos que puede generar para las personas afectadas.

La existencia de análisis previos de riesgo y proporcionalidad, informes especializados, medidas de seguridad o la intervención del delegado/a de protección de datos son elementos relevantes dentro del modelo de responsabilidad proactiva, pero no sustituyen la evaluación de impacto cuando las características del tratamiento hacen exigible su realización antes de la puesta en marcha del sistema.

La resolución ofrece una enseñanza especialmente útil para las organizaciones que implantan sistemas de autenticación con tecnologías biométricas. Especialmente para aquellos que implantaron sus sistemas antes de la entrada en vigor de las Directrices 5/2022 del CEPD. El hecho de que los datos biométricos no se considerasen categorías especiales -por dicho Comité, y en consecuencia, por esta autoridad de protección- en el momento en el que se implantó el tratamiento no implica, por sí mismo, que el tratamiento no pudiera entrañar igualmente un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas y no fuera necesario realizar la evaluación de impacto.

Resoluciones

PS-00450-2024 (723.92 KB)
Portal de la Agencia Española de Protección de Datos

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