La AEPD participa en una acción europea para analizar la aplicación del derecho de supresión
- Esta iniciativa se pone en marcha en el marco del Comité Europeo de Protección de Datos y tiene como objetivo evaluar cómo están cumpliendo las organizaciones con el derecho de supresión que ejercitan los ciudadanos
Imagen de Pete Linforth en Pixabay
(5 de marzo de 2025). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) participa en una acción europea coordinada para conocer cómo aplican las organizaciones en la práctica el derecho de supresión (art. 17, RGPD) que ejercitan los ciudadanos. Esta iniciativa forma parte del marco de actuaciones del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) de 2025.
El Comité, durante su reunión plenaria de octubre de 2024, seleccionó esta temática debido a que se trata de uno de los derechos del RGPD que los ciudadanos más ejercitan ante los responsables del tratamiento y, a la vez, del que las Autoridades de protección de datos reciben con más frecuencia reclamaciones de la ciudadanía.
Durante este año, 32 Autoridades de Protección de Datos europeas participarán en esta acción. La Agencia, por su parte, analizará las prácticas de una muestra de responsables del tratamiento, tanto del sector público como privado, para conocer tanto las buenas prácticas como si existe alguna problemática relacionada con la atención al ejercicio del derecho de supresión.
Los resultados de esta acción se analizarán de manera coordinada y las Autoridades podrán decidir sobre posibles acciones adicionales de supervisión y aplicación en sus respectivos países. Además, los resultados serán agregados, generando una visión amplia y permitiendo un seguimiento específico en el ámbito del Espacio Económico Europeo. Finalmente, el Comité publicará un informe sobre el resultado de este análisis una vez concluidas las acciones.
Esta acción es la cuarta iniciativa del Marco de Aplicación Coordinada, entre cuyos objetivos se encuentra la cooperación entre las autoridades de protección de datos. Las acciones coordinadas anteriores analizaron el cumplimiento del derecho de acceso por parte de las organizaciones, el uso de servicios en la nube por parte del sector público y la designación y situación de los delegados de protección de datos.